La dirección burocrática del Soip, la Caipa (Cámara empresarial) y el Ministerio de Trabajo de Nación firmaron un acuerdo de un aumento salarial del 15% al primero de enero, a cuenta de futuros convenios, y una suma fija de 150 pesos en concepto de haberes perdidos por seis meses de conflicto.
La firma del acuerdo sale al salvataje de la “desaparecida” dirección del Soip de Verón-Salas, que fue expulsada de su propio local sindical por los trabajadores durante 80 días y que sólo volvió de la mano de la Infantería.
El gobierno pretende con este acuerdo levantar la histórica lucha que se viene llevando adelante por al registración los obreros en negro. El adicional de 150 pesos otorgado por los llamados “días caídos” es un intento de frenar uno de los rasgos más revolucionarios de este conflicto: las plantas se paran con piquetes, desde afuera, y los trabajadores abandonan las mismas reconociendo en concreto a los huelguistas como la dirección real del gremio.
El acuerdo salarial se firmó días antes de la nueva reunión a la que se ha comprometido ministro Tomada con la Asamblea Autoconvocada del Soip.
La Asamblea autoconvocada del Soip ha garantizado varios días de paro total en el puerto y se ha ganando la adhesión de los trabajadores en blanco. Los vigorosos piquetes y bloqueos en el puerto, las movilizaciones, la ocupación del sindicato y del propio Ministerio de Trabajo de Mar del Plata arrancaron la reunión con el Ministerio. El propio Tomada se vio obligado a recibirlos y labrar un acta por la cual se compromete a “buscar un mecanismo que permita registrar laboralmente a los trabajadores, modificando los actuales abusos y distorsiones en el sistema vigente”.
Esta inmensa lucha puso a la luz la permisividad y la complicidad del gobierno nacional y provincial, con el trabajo en negro y los contratos basura que mantienen desde hace años las poderosas patronales del puerto.
A partir de la reunión con el Ministerio, los luchadores del Pescado se dieron la tarea de empadronar a los trabajadores en negro. Ya llevan empadronados 4.000 trabajadores, en una tarea que los coloca definitivamente como la dirección real de los trabajadores del pescado.
En la visita a Buenos Aires estará planteado oficializar esa registración y que el gobierno nacional se haga responsable del pago de una garantía horaria de tres meses hasta la regularización laboral de cada uno de los empadronados, todos trabajadores reales del Pescado.
La Asamblea Autoconvocada no debe permitir que dividan a los trabajadores en negro y en blanco. Está planteado reclamar en la próxima reunión en el Ministerio que el acuerdo salarial se extienda a toda la industria (en negro y en blanco). Junto con esto, un acta que establezca el pago de la garantía horaria hasta obtener la registración laboral de todos.
Juan Ferro
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