El Gobierno es el responsable de las muertes por abortos clandestinos
Aborto Legal, Seguro y Gratuito
El 28 de septiembre es el día en que las mujeres de América Latina y el Caribe coincidimos en salir a las calles a reclamar por la legalidad del aborto. Este año, en la Argentina, la fecha tiene una especial significación.
Porque, en Mendoza, todos los poderes del Estado y las Iglesias Católica y Evangélica se han asociado para impedir que aborte una nena de 12 años, violada y embarazada por su padrastro. El juez Germán Ferrer le quitó la guarda a la madre --que denunció la violación y reclamó un aborto terapéutico-- y mantuvo a la nena privada de su libertad e internada en el hospital Notti, bajo control de agentes del clero, para garantizar que continúe la gestación.
Porque la nena de Mendoza es una más entre las 3.000 nenas de entre 9 y 14 años que, cada año, son abusadas y embarazadas. La explosión de embarazo infantil y adolescente explica que, por primera vez, nenas de esa edad integren las estadísticas oficiales de muerte "materna" por complicaciones en el parto o en abortos clandestinos. Los riesgos para la embarazada aumentan cuanto menor es la gestante.
Porque en la Argentina hay más de un aborto por cada nacimiento, entre 460.000 y 600.000 anuales. El aborto es, desde hace 25 años, la principal causa de muerte de mujeres embarazadas (por lo menos un tercio de los casos) y la principal causa de ocupación de camas hospitalarias femeninas.
Porque la Argentina es uno de los tres países de América latina con mayor mortalidad "materna", junto Jamaica y Trinidad Tobago. En los últimos 5 años la muerte materna creció un 19%, hasta alcanzar el 48 cada 100 mil (cuatro veces más que Chile y Uruguay). En Jujuy, la cifra llega a 165 cada cien mil. Las que mueren son las mujeres más pobres y más jóvenes, que no pueden pagar un aborto ilegal pero seguro.
Porque Cristina Kirchner se comprometió públicamente en el Vaticano a mantener la ilegalidad del aborto. Su ministra de Salud, Graciela Ocaña, se ha rodeado de elementos clericales y afirma que el aborto no es una cuestión de su área sino de "política criminal". La subordinación del gobierno al clero va más lejos: impiden los abortos terapéuticos y le han entregado a la Curia los contenidos de la ley de educación sexual y la dirección de los hospitales públicos. A la vez, han suspendido la entrega de anticonceptivos gratuitos, el modo más efectivo de promover los embarazos no deseados y el aborto clandestino.
Porque la clandestinidad y penalización del aborto no detiene su práctica, porque quienes dicen estar preocupados por la vida, son los mismos que tienen la política criminal de enseñar a no utilizar preservativos, condenando a miles de adolescentes a contraer enfermedades que son retransmitidas entre la juventud aumentando los índices de enfermedades letales como el Sida y fomentando el crecimiento del embarazo no deseado. Promueven la no prevención y el aborto clandestino.
Porque en los últimos 15 años de forma creciente ha sido entregada la educación, la justicia y la salud a la Iglesia Católica, consolidando cada vez con más fuerza la alianza con el Estado, entregándole no sólo puestos claves en la educación, la salud y la justicia sino también millones de pesos en subsidios de todo tipo. Las políticas patronales generan la pobreza con la que luego Bergoglio y la Iglesia harán un gran negocio, como el del cura abusador Grassi, quien recibía en su fundación subsidios de miles de pesos por niño institucionalizado.
La lucha por la anticoncepción gratuita, la educación sexual en todos los niveles y el aborto legal es una cuestión de vida o muerte que exige total independencia de todas las variantes patronales y religiosas. Debe ser tomada como propia no sólo por el movimiento de mujeres sino por las organizaciones estudiantiles, los sindicatos, las organizaciones piqueteras, los trabajadores de la salud y la educación.
Exijamos que el gobierno garantice inmediatamente el aborto terapéutico de la nena mendocina.28 de septiembre. Día de América Latina y el Caribe por el aborto legal:
Educación sexual laica y científica. Acceso universal a la anticoncepción gratuita. Aborto legal, seguro y gratuito en todos los niveles del sistema de salud. Expulsión de los agentes del clero de los hospitales públicos. Separación de la Iglesia y el Estado.
Plenario de Trabajadoras (PO + Independientes)
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