El poder político, los prostíbulos y las redes de trata

Sin respuestas ante la degradación humana

A fines de noviembre, en el marco de una reunión del Concejo Deliberante, se generó un debate entre las bancadas del radicalismo local (con Maximiliano Abad al frente de la discusión) y el bloque oficialista de Acción Marplatense, en relación con los prostíbulos y sus publicidades en Mar del Plata.

Allí la UCR criticó la falta de respuesta por parte del Ejecutivo, ante un pedido de informes efectuado por varios ediles, en el cual se requería el detalle de las mediadas operadas por el primero para lograr la aplicación de la ordenanza 18.503 (del año 2008), referente al comercio sexual y a la prohibición de publicitar folletos con oferta sexual en la ciudad. Cabe mencionar que el Ejecutivo respondió alegando que dicha prohibición representaba una censura a la libertad de expresión.

Ante lo dicho, es necesario remarcar ciertos puntos en referencia a esta cuestión, los cuales demuestran y reafirman la insuficiencia de las variantes políticas en pugna dentro del Concejo para dar una salida superadora a un negocio que propende a la degradación humana. Se erige como una necesidad fundamental realizar un análisis más profundo, que delimite y caracterice la situación de las redes de trata, más allá de los informes y los andamios institucionales.

La primera cuestión a destacar tiene que ver con el entramado policial y de funcionarios políticos que opera en relación con los prostíbulos. Estos garantizan un financiamiento paralelo que tiene dicha institución y la "caja política", producto de este negocio, permitiendo, y en ciertos casos garantizando, el tránsito por todo el país de mujeres secuestradas y obligadas a prostituirse.

Asimismo, es necesario poner de relieve el rol que juega el negocio de la prostitución en el mercado mundial actual y, en especial, en Mar del Plata. La trata de personas con este fin cumple un papel fundamental en el contexto de una crisis mundial de enormes dimensiones que, hoy en día, afronta el sistema capitalista en su conjunto, debido a que garantiza suculentas sumas de dinero fresco al mercado mundial. Este dinero en negro, junto a la super-explotación que sufren las mujeres inmersas en las redes de trata, se conforman, así, en uno de los apoyos más sustanciales que el capitalismo utiliza para mantener altas tasas de ganancias en el sistema financiero, sin necesidad de que este dinero tenga un sustento real en la economía productiva. En Mar del Plata, este fenómeno se ve realzado en tanto la ciudad se caracteriza por ser uno de los centros turísticos del país, lo cual provoca una demanda de servicios sexuales a gran escala en épocas determinadas del año.

A esto debe sumarse la degradación que sufren las mujeres que son violentadas y obligadas a prostituirse. Es de vital importancia tener este dato en cuenta, en función de que en este negocio se manifiesta, de la manera más violenta, la degradación del ser humano; es decir, la barbarie propia del capitalismo. Aquí la persona es entendida como mercancía. No hay venta de la fuerza de trabajo sino explotación directa del cuerpo de la persona. A esto se agregan las prácticas propias del negocio, como también las condiciones de hacinamiento en las cuales viven las personas sometidas, además de la falta de asistencia psicológica a las víctimas que son obligadas a realizar estas tareas. Una vez más, es necesario remarcar que estas problemáticas y estas situaciones son producto de un régimen social que propende a la degradación del ser humano, para lograr rédito económico.

Es posible observar, entonces, el alto grado de cinismo que manifiestan las variantes capitalistas presentes en el Concejo Deliberante local. Por un lado, se advierte una oposición requiriendo informes sobre la actuado, como si eso fuera una herramienta para frenar la barbarie que este negocio reproduce, y, por otro lado, se observa un Ejecutivo que se muestra férreo a la hora de defender a los capitalistas que manejan el millonario negocio de la prostitución en la ciudad. En definitiva, se expresa una connivencia de las mencionadas fuerzas partidarias con las medidas políticas adoptadas por el gobierno nacional, en tanto este último mantiene una ley de trata (sancionada en 2008), que prevé penas mínimas (de 4 a 10 años) para los tratantes, y ninguna red de contención, atención y reinserción de las víctimas de las redes de trata, así como tampoco decreta la expropiación de los bienes de los tratantes.

Ante esta pseudo disputa, el Partido Obrero se posiciona independientemente, entendiendo la contradicción que representa que el mismo poder municipal que forma parte fundamental en el funcionamiento de las redes de trata y los prostíbulos, pueda efectuar alguna medida concreta, eficaz y superadora para poner fin a este negocio. Es por esto que se exige el inmediato desmantelamiento de las redes de trata, el castigo a las mafias policiales que operan como sostenedoras del negocio, la expropiación de los bienes de aquellos capitalistas que explotan estos antros y de aquellos que se enriquecen con los negocios generados a partir de los fondos emanados de la explotación sexual, y el castigo para los sostenedores políticos de este negocio. Junto con esto, el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras están a la cabeza de la lucha por trabajo genuino, reparto de las horas de trabajo, pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados y por un plan de desarrollo industrial, a cargo del Estado y bajo control de los trabajadores.

Juan S. y Agustina V.