Abajo el régimen terrorista de Uribe y de Bush

Por una jornada de movilización
contra Uribe y Bush

La masacre del campamento de la FARC y de su dirigente y negociador Raúl Reyes es, antes que una violación territorial, un golpe de carácter político para impedir que las negociaciones por el canje humanitario desemboquen en una salida negociada. El propósito de intensificar una salida armada apunta, también centralmente, a desestabilizar, a la larga, el proceso nacionalista venezolano. La tentativa de limitar la crisis a una violación de la soberanía ecuatoriana disimula el contenido estratégico de lo ocurrido y pretende encauzar esta crisis diplomáticamente. Pareciera que si la masacre se hubiera producido con una diferencia de kilómetros, dentro del territorio colombiano, hubiera dejado de tener el carácter de una provocación contra una salida pacífica y contra los estados, como Venezuela, que ofician de mediadores.

Prueba flagrante de esto es que atrás del primer asesinato vino el segundo. Mientras Uribe finge negociar la paz mató a Iván Ríos, otro de los jefes de las FARC, en territorio colombiano. El asesinato a sangre fría es un delito de lesa humanidad, no importa donde se hubiera producido.

La política de Uribe está determinada por el carácter de su estado y por su alianza militar privilegiada con el gobierno de Bush. Se trata de un estado que ha cooptado a los representantes políticos del paramilitarismo y del narcotráfico, y que está embarcado en "la guerra preventiva" de Bush. Desviar la atención hacia un litigio de derecho internacional, que Uribe acepta de muy buen grado, sirve al encubrimiento del carácter político contrarrevolucionario de lo ocurrido y ofrece una salida al régimen militar y al imperialismo. Esto explica que los embajadores de Uribe y Bush en la OEA hayan recibido con una aclamación la resolución puesta a votación.

En la masacre de Putumayo "no hubo errores, no hubo excesos", fue una operación fríamente calculada y ejecutada para imponer un giro político en toda la región. La posición del gobierno argentino, de defensa del status quo prevaleciente, es funcional a la política del imperialismo y lleva a prolongar y profundizar la crisis en la región andina.

En las vísperas del 24 de marzo, tenemos la obligación de impulsar una jornada de movilización para condenar la masacre de Uribe y de Bush, enfrentar la tentativa de convertir a América Latina en una zona de "guerra global contra el terrorismo"; que desarrolla Bush; apoyar la liberación de todos los rehenes y el intercambio humanitario en Colombia; y reclamar el desmantelamiento del estado narcotraficante y terrorista de
Colombia.

Una jornada de movilización contra el terrorismo de Estado en América Latina, bajo la consigna Abajo los regímenes criminales de Bush y de Uribe.

Néstor Pitrola