Juicio a Menéndez

Declaración del Partido Obrero de Córdoba 

En el banquillo no están todos

El 27 empezó el juicio al «chacal» Menéndez

El 27 de este mes Luciano Benjamín Menéndez se sentará en el banquillo de los acusados, en un juicio donde sólo se lo juzgará por 4 de sus miles de víctimas. El juicio llega 32 años después de los hechos, y 25 después de que cayera la dictadura militar.

Varios de los cómplices de Menéndez han zafado del juicio porque la muerte por vejez fue más rápida que la justicia. Menéndez y el resto de los asesinos tendrán el privilegio de ser juzgados por un amigo. Uno de los miembros del tribunal, Otero Álvarez, ha sido denunciado por aportar la cobertura «legal» a los crímenes de la dictadura, sobre todo en los fusilamientos de los presos del penal San Martín. Como se ve, poco ha cambiado. El aparato jurídico y militar de la dictadura sigue vivito y coleando. El testigo en el juicio a Etchecolatz, Julio López, sigue desparecido, secuestrado en las barbas del gobierno K, autoproclamado el gobierno «de los derechos humanos».

El juicio a Menéndez no será televisado en forma directa. ¿Por qué? Muy posiblemente no querrán que la población escuche los testimonios donde aparezcan otros personajes de Córdoba que cogobernaron con Menéndez. Durante la dictadura militar decenas de intendentes eran de la UCR de los Angeloz, los Víctor Martínez y Cía. La cúpula de la Iglesia tuvo una activa colaboración con Primatesta a la cabeza. Lo mismo la burocracia sindical ligada a las tres AAA, durante el gobierno Lacabanne-Perón-Isabel Perón que pavimentó el camino de la dictadura. No querrán que la población asuma que, para beneplácito de las patronales, el genocidio buscaba terminar con el clasismo que había conquistado los sindicatos y las fábricas automotrices.

El juicio a Menéndez es un reclamo largo y sostenido no sólo por las familias y las víctimas directas de la represión, sino por todo el pueblo de Córdoba.

¿Puede haber un real condena a un genocida si los gobiernos de «la democracia» mantienen intacto el aparato represivo, para usarlo contra los trabajadores y el pueblo que lucha, como hace uso y abuso el gobierno K mandando la gendarmería cada que vez que hay una lucha, sea en la Patagonia o frente al Casino de Buenos Aires?

¿Puede haber una real condena si aún siguen vigentes las leyes y el personal civil y armado de la dictadura? ¿Puede haberla si los responsables de las automotrices, los terratenientes, los banqueros, si toda la clase social que expresó Martínez de Hoz, está fuera de todo juicio y sigue siendo hoy el verdadero poder del estado? Más todavía, ¿cuando esos grupos económicos privatizadores se quedaron con todo el patrimonio nacional?

Juzgar a Menéndez y a los genocidas tiene un real valor si permite el desmantelamiento del aparato represivo, la liquidación de la legislación represiva, el desprocesamiento de los 4000 trabajadores y activistas procesados en «democracia».

El juicio a Menéndez debe ser el juicio a todos los que se beneficiaron con el golpe militar. Es el juicio a la clase capitalista y sus políticos.