La Presidenta de la Nación llamó "al diálogo con el campo", pero su discurso dejó traslucir que no tiene ninguna salida para la crisis. No puede resignar el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias sin correr el riesgo de producir una crisis fiscal y aumentar las presiones inflacionarias. Lo prueba el anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que pretende extender el impuesto a los ingresos brutos, que terminan pagando los consumidores. El estado bonaerense prevé un déficit fiscal de cinco mil millones de pesos para 2008. Una derogación de la movilidad de las retenciones sería una concesión a los especuladores que intervienen en los mercados de futuro, pero no significaría nada para el capital agropecuario, sea grande o pequeño. La propuesta de ofrecer subsidios a los denominados chacareros tampoco ofrece una perspectiva, porque estos no resignarían el reclamo de un mayor precio a cambio de una contraprestación estatal, en especial luego que la presente crisis desencadenara una ruptura política entre las clases propietarias del campo y el gobierno. La ‘solución' que han pergeñado Lavagna y la UIA - devaluar aún más el peso, hasta 3.50 - para compensar el mantenimiento de las retenciones, no solamente es inviable, llevaría a Argentina a la catástrofe.
Las declaraciones del jefe de impuestos bonaerense, que señaló que la valuación fiscal inmobiliaria de la provincia es ochenta veces inferior al precio de la tierra, muestra la única salida que no consideró la Presidenta: una reformulación integral del sistema impositivo, que grave en forma elevada y progresiva la renta agraria y la ganancia comercial, industrial y bancaria, poniendo fin a la exacción fiscal de los trabajadores, que, entre los diversos impuestos al consumo, dejan en la AFIP el 35 a 40 por ciento de los salarios.
El impasse oficial no podría ser más completo, en especial si se tiene en cuenta que el gobierno, para mantener el subsidio a los exportadores, gasta cuatro mil millones de dólares anuales en arrinconar divisas en el Banco Central, que son desviadas de las inversiones productivas. A esto hay que agregar la crisis fiscal de las provincias, lo que reabre la discusión por la coparticipación de las retenciones y del impuesto al cheque, y el aumento sideral de la deuda externa -15.000 millones de dólares - como resultado de la indexación de la parte de ella que está nominada en pesos. La crisis en curso no es ‘puntual', es de conjunto - el parate agrario es simplemente la punta del témpano, doblemente importante porque nace de los beneficiarios del sistema económico actual. La crisis que se ha abierto plantea una reorganización fiscal y social de conjunto; los parches acentúan el callejón sin salida).
El llamado de la Presidente "al diálogo" expresa la ruptura del frente agrario oficialista con el gobierno - como lo revela el apoyo de los terratenientes Grobocopatel y Reuteman al paro y a sus reclamos, y el trascendido de que lo mismo plantea el diputado Urquía, empresario de la Aceitera General Deheza. Otra manifestación de esta ruptura son las declaraciones de apoyo al parate agrario por parte gobernadores e intendentes peronistas, y de otros gobernadores e intendentes que venían oficiando de compañeros de ruta del gobierno. Un sector de la burocracia sindical oficial (Uatre, sindicato de la carne) ha hecho causa común con el paro, ignorando por completo las condiciones brutales de superexplotación de la clase obrera agraria. Incluso la Asociación patronal metalúrgica ha salido a apoyar el parate agrario. No hace falta decir que una reducción de las retenciones, que es el reclamo de las entidades patronales del agro, acentuará la carestía para los consumidores, que ya soportan una inflación del 25 por ciento en los precios. La presente crisis constituye un enfrentamiento al interior de la clase capitalista dominante, debido a que han estallado las contradicciones de la política oficial.
Los sectores más concentrados de la cadena agraria, acompañados por la NACION, Clarín, Ámbito, Cronista, la Bolsa de Cereales, la UIA, la Iglesia y los partidos opositores han salido a reclamar la aceptación del ‘diálogo' para llegar a un compromiso con el gobierno en torno a la movilidad de las retenciones, y rompiendo con los chacareros autoconvocados y los de la Federación Agraria y CRA. La resistencia agraria es más intensa allí donde las condiciones para la sojización son más difíciles, como por ejemplo el centro oeste bonaerense, y allí donde la sojización expulsó a mayor cantidad de capitalistas medios. El bloque agrario va camino a una diferenciación política interna, que ulteriormente podría llevar a formar un gran bloque de obreros y chacareros, pero no con un programa de reducción de retenciones (que pagarían los consumidores) sino con un programa que ponga fin a la dominación de los grandes terratenientes y de los pulpos agrofinancieros.
El impasse de la política económica oficial en su conjunto no puede ser disimulado con invocaciones a los derechos humanos, cuando menos del 1 por ciento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad se encuentran en una instancia avanzada de enjuiciamiento, o cuando la desaparición de Jorge Julio López, o la ‘extraña' muerte de represores para que no presten testimonio siguen sin clarificarse. La Presidente no parece haber registrado los atropellos y encubrimientos en las comisarías, ni tampoco parece recordar que envió a la gendarmería contra los trabajadores docentes, petroleros y mineros de la provincia que gobernó su marido.
El acto en Parque Norte convalidó los atropellos de los piquetruchos oficialistas, que no movieron nunca más de doscientas personas. El ‘odio a la oligarquía" con que se han justificado estas acciones, está desmentido por las ganancias sin precedentes que ha obtenido esta oligarquía como resultado de la política oficial. Basta ver las cuentas de los grandes pulpos agrarios y de las multinacionales del automóvil, del vino, de la minería y del petróleo, y las igualmente enormes de la ‘burguesía nacional' que maneja la siderurgia, los olivares, el azúcar, los cítricos, el tabaco, la pesca o los bancos, e incluso los pulpos agrarios que son subsidiados para que produzcan biocombustibles.
El ‘odio a la oligarquía' disimula que, en palabras del sabueso Montoya, la oligarquía bonaerense paga ochenta veces menos de lo que le corresponde el impuesto inmobiliario rural, e incluso evade lo que debería pagar sobre la base de las irrisorias valuaciones fiscales actuales. Contrariamente a esto, los índices de pobreza han vuelto a aumentar, en medio de la ‘prosperidad', debido al que crecimiento de los precios minoristas.
Llamamos a la izquierda a plantarse en esta crisis con una posición independiente. A caracterizar la crisis de conjunto del régimen actual y a señalar frente a ella una salida estratégica: la reorganización social del país sobre bases socialistas. A partir de esto la llamamos a plantear la abolición de todos los impuestos al consumo y el establecimiento de impuestos elevados y progresivos a las ganancias capitalistas y a la renta agraria, y a oponer a los planteos sin salida del gobierno y de los capitalistas agrarios, la nacionalización de los grandes latifundios que cubren el 50 por ciento de la superficie agraria productiva, para iniciar un programa de arrendamientos en beneficio de los chacareros y de explotación pública directa. A plantear la nacionalización de los puertos privados, por donde se contrabandea y se evade fiscalmente gran parte de las exportaciones agrarias, y del comercio exterior en su conjunto, y del sistema bancario. A plantear, por sobre todo, la defensa de los obreros agrícolas - por la formación de cuerpos de delegados y comisiones internas en todos los campos y fincas. Con estas medidas se podrá concentrar el ahorro nacional para aplicarlo a un programa de reindustrialización integral y a superar el déficit gigantesco de la infraestructura habitacional, sanitaria y educaciones.
Jorge Altamira
